Se lanza el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular

Por Ramiro Coelho *

El ministerio de Desarrollo Social de la Nación abrió este lunes el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP). Una herramienta de gestión incluida dentro de la Ley de Emergencia Social y Laboral, votada por el Congreso Nacional en 2016.

La apertura de este registro permitirá al Estado tener una herramienta para conocer en profundidad al sector, desarrollar estrategias económicas de promoción y garantizar los derechos laborales a los que hoy no acceden sus trabajadorxs. Con su implementación se abre la posibilidad de conocer la realidad de las seis millones de personas que, según los datos surgidos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ha debido crearse un trabajo por fuera del mercado formal. De avanzar en un nuevo camino que deje de pensar al sector como beneficiario de la asistencia del Estado, para pasar a ser trabajadorxs con derechos y capacidad productiva.

Un registro largamente esperado

Pablo Chena, Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local, explicó a Radio Gráfica que el registro contempla ocho ramas divididas en setenta y cinco actividades: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.

“A diferencia de registros anteriores pensados para el sector, este no es un registro social. No vamos a medir estadísticamente condiciones sociales, sino que buscamos inscribir económicamente, o tratar de dimensionarlo en su esfera económica”, expresó.

Una de las necesidades fundamentales de lxs trabajadorxs de la economía popular ha sido poder acceder a mediciones que permitan conocer cuántos integran cada sector y cuál es el impacto económico de las diversas actividades que desarrollan.

“Buscamos responder a través del ReNaTEP dos preguntas. Cuántos trabajadorxs de la economía popular hay efectivamente y, por otro lado, saber lo que hacen. Es un primer paso para un continuum de políticas en función de un desarrollo socio productivo. Significa pasar de una política social de la asistencia a una de desarrollo productivo, tanto con instrumentos sociales como económicos”, contó Chena.

Y aclaró: “Cuando decimos económicos nos referimos a instrumentos fiscales, financieros, jurídicos y de desarrollo tanto de la producción como de la comercialización”.

La medida ha sido largamente esperada por los movimientos sociales, quienes en 2016 elaboraron el proyecto de Ley de Emergencia Social y Laboral y lograron su sanción luego de un intenso período de movilización callejera y de diálogo con legisladores, que permitió alcanzar un amplio consenso. Sin embargo, el macrismo solo implementó de manera efectiva el medio Salario Social Complementario para 500 mil trabajadorxs, dejando de lado aspectos fundamentales de la ley y desconociendo la existencia de cerca de 5 millones de trabajadorxs en situación de precariedad.

En conversación con este medio, el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Esteban Gringo Castro, analizó la coyuntura: “El macrismo, por supuesto, con políticas regresivas y vinculadas a la globalización transnacional, no quiso hacer un registro en el cual se mostraba que había millones de personas trabajando sin derechos. De todas maneras, la pelea se siguió haciendo en la calle de manera permanente, y el resultado es este registro que se va a dar en el ministerio de Desarrollo Social y que tiene que poner el eje en la producción”.

Reconocimiento de derechos laborales y políticas productivas

El registro está orientado a un universo amplio de trabajadorxs. Incluye tanto a lxs no registrados como los monotributistas de las categorías A, B, C y D, titulares del monotributo social y monotributistas “promovidos”. Un amplio y diverso colectivo, que agrupa tanto a quienes se han organizado en los movimientos sociales como a quienes trabajan de manera independiente sin ninguna vinculación organizativa o sindical.

En diciembre de 2019, al crearse la UTEP, se calculaba que contaba con aproximadamente 500 mil afiliadxs. Sin embargo, la propia dirigencia del flamante sindicato ha señalado que el universo de trabajadorxs no formales es varias veces mayor. Lo que abre un desafío de gran envergadura tanto para la organización sindical como para el Estado, de generar estrategias que permitan integrar a ese importante número de personas en estructuras sindicales que representen sus intereses y políticas de Estado que favorezcan su desarrollo productivo en el marco de una post pandemia que proyecta cerca de un 50 por ciento de pobreza.

Hacia la institucionalización del sector

Largo ha sido el camino de aquellos movimientos de trabajadorxs de desocupados surgidos en la década de los 90. A lo largo de casi un cuarto de siglo, quienes quedaron excluidos de salario han sabido desarrollar formas de lucha y participación popular propias e innovadoras. Desde aquellos heroicos cortes de ruta de catorce días, hasta la creación de una estructura sindical que participa activamente en el diseño de políticas públicas ha pasado mucha agua bajo el puente.

Sin embargo es posible encontrar un denominador común que ha sido difícil de comprender por vastos sectores del campo popular. Los trabajadorxs de la economía popular desde sus comienzos debieron construir formas propias de organización social y participación política diferentes las estructuras partidarias y sindicales pensadas para una sociedad de pleno empleo. La falta de una patronal para discutir salarios y condiciones de trabajo, pone en el centro al Estado, ya no como mediador entre capital y trabajo, sino como el actor central para garantizar sus derechos como trajadorxs y pensar políticas que permitan desarrollar cada una de sus ramas productivas.

Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirtchner fueron los que dieron el puntapié inicial al elaborar políticas de promoción del trabajo autogestionado a través del Programa Argentina Trabaja y diversas políticas de promoción de la agricultura familiar. Hoy la crisis socio económica profunda, generada por las políticas neoliberales del macrismo y los efectos sociales de la pandemia, pone al gobierno popular de Alberto Fernández ante una agenda de la economía popular que resulta estratégica a la hora de pensar en desarrollo social y productivo del pueblo argentino.

El ReNaTEP es el resultante de un largo proceso de lucha y madurez política del sector, junto con otras acciones de incidencia política llevadas a cabo, como los Veintiún Puntos del Foro Popular agropecuario y las cinco leyes de emergencia presentadas ante el Congreso durante el Gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio.

El desafío parece ser, como siempre, la disputa por la distribución de ingreso. El Registro no puede ser una cáscara vía. Debe ser acompañado de políticas activas que transfieran recursos tanto para financiar la actividad productiva de cada sector como para garantizar las actividades de cuidado tan importantes para sostener a los sectores más humildes de nuestra sociedad. En un momento en que se discute la necesidad de un ingreso universal y la posibilidad de una política de financiamiento de las actividades de cuidado, resulta estratégico pensar en el financiamiento de un sector que hoy en día muestra una gran capacidad para crear trabajo, contener socialmente y garantizar la soberanía alimentaria.

(*) Columnista de Economía popular en Abramos la Boca

Nota publicada originalmente en Radio gráfica